No es otro tonto post sobre un museo

Se ha escrito mucho, muchísimo a raíz de la negativa del Estado Peruano de recibir dos millones de dólares del gobierno alemán para la construcción de un “Museo de la Memoria”. Y claro, ya ha llegado a niveles de asco ver tanto bloggersito y periodista colgarse de la noticia, creyéndose “oh, soy la reserva moral de este país, tengo que escribir como sea el tema”. Hasta ahora solo he leído comentarios como “Que mal el gobierno” “Que pena me da ser peruano” “Qué mala imagen internacional estamos dando” y un largo etc. Bla Bla BLA!

Antes de seguir con este artículo, queremos dejar unas cosas claras. En primer lugar nos parece importante que se existan registros visibles para todos los peruanos del conflicto armando de 1980 al 2000, y nos encontramos de acuerdo por lo dicho por la gran mayoría de analistas y los manifestado por el comunicado encabezado por Mario Vargas Llosa, firmado por otras personalidades “in” del país. Y sí, por supuesto que consideramos una lástima que el gobierno no acepte un donativo para construir el museo, el cual sería un elemento simbólico de la memoria del conflicto.

Por otra parte, las razones del gobierno para regresar la donación son las mismas articuladas contra la CVR desde su creación, las cuales llegan desde las fuerzas armadas y de manera más discreta, desde la derecha del espectro político. Estas críticas tienen su origen en la formación misma de la CVR, la cual es la causa principal de que no haya tenido mayores repercusiones en la sociedad civil y solo en algunos ámbitos universitarios (léase la U.Católica).

El argumento básico de los que se muestran en contra de la CVR es que la mayoría de sus integrantes son personas asociadas a la izquierda política y por lo tanto, el informe tendría un sesgo pro-senderista y en contra del desempeño de las FFAA durante el conflicto (un remake de la acusación de que toda la izquierda es revolucionaria). Este argumento no es del todo falso; efectivamente, la mayoría de los comisionados son personas cercanas a la izquierda, e incluso algunos de ellos al inicio de las acciones terroristas no denunciaron los atropellos, pero por otro lado, es falso que la comisión denuncie únicamente a las fuerzas armadas e intente indultar a los terroristas. Eso es lo que Alditus nos quiere hacer creer.

Denuncia las FFAA, sí, pero lo hace con mayor dureza respecto a Sendero Luminoso, al cual adjudica el 54% de las víctimas fatales (CVR 2004). No sé cuantas de las personas que se muestran en contra de la CVR han leído el informe, o al menos la versión abreviada Hatum Willakuy; creo que muy pocos. El informe es bastante objetivo sobre las violaciones cometidas por los dos actores principales del conflicto, lo cual es compresible que no le guste a las fuerzas armadas porque relatan los abusos cometidos contra la población “civil”, la gran afectada por el conflicto entre dos fuegos. Este argumento anti – CVR está muy bien resumido por el inédito historiador Héctor López en un panfletero artículo que titula “No al frente legal del terrorismo” donde concluye: “No permitamos que manos mercenarias que reciben dólares o euros por su abyecto oficio se atrevan a señalar como violadores de derechos humanos a quienes en el cumplimiento del deber arriesgan generosamente sus vidas.” Esta acusación contra la CVR de ser un frente legal de terrorismo y olvidar los derechos humanos de los efectivos estatales es simplemente descabellada. La pregunta que habría de hacerle a estos “contras” es ¿Si? ¿Por donde eh?

Ahora bien, dicho esto queda otro punto clave: la falta de una repercusión importante en la sociedad civil, en la que el informe ha pasado desapercibido. La respuesta es muy clara; a diferencia de otros países en los que se ha implementado una comisión de la verdad, en el Perú esta fue implementada gracias una pequeña oportunidad política que tuvo un sector de la izquierda (académico-intelectual-caviar) durante el gobierno de Valentín Paniagua, cuando se aprobó su creación. Es decir, a diferencia de Chile o Argentina, donde hubo una movilización de importantes sectores de la población que exigían el esclarecimiento de los hechos y derivaron en la Comisión Rettig y Sábado respectivamente, en el Perú esta fue exigida y realizada por unos pocos intelectuales y no fue demandada por la víctimas, presumiblemente porque la mayoría (ojo, digo mayoría) no tuvo –ni tiene- relevancia política para el estado peruano; pobres y quechua-hablantes alejados del Estado.

Tanto en Chile como en Argentina, las víctimas pertenecían a una extendida clase media la cual exigió la apertura de las investigaciones; un ejemplo perseverante de lucha son las Madres de la Plaza de Mayo, otro ejemplo de la relevancia de las víctimas es que Michelle Bachelet sea hija de un hombre asesinado por la dictadura militar. Según la propia CVR, la mayoría de las víctimas fueron registradas en los departamentos de Ayacucho, Junín, Huancavelica y Apurímac, de la misma forma que más del 50% de estas pertenecían al quintil más pobre de la población y cuya gran mayoría tenía como legua materna otro idioma diferente al castellano. Es decir, el sector históricamente más olvidado por el Estado Peruano, que hasta el año del inicio del conflicto -1980 - no otorgaba derecho a voto a los analfabetos.

Como hemos dicho en párrafos anteriores, es una lástima que el gobierno no haya aceptado la donación alemana, pero sin embargo nos parece que no debemos quedarnos en rasgarnos las vestiduras porque el museo no será construido. Si pues, alguien sensato se ha preguntado almenos ¿Dónde iba a estar ubicado? ¿Quiénes hubieran sido los visitantes? Creo que son preguntas de fácil respuesta; estaría ubicado en Lima y luego de la inauguración, Polizontes presente, sino no vale, sería una visita obligada de los hinchas más acérrimos de APRODEH. De ahí, no creemos que tuviera más relevancia, se invitarían a algunas víctimas del terrorismo el día de la inauguración, unas pocas, y luego nunca más, sólo para la foto oficial. ¿Algunas de las indignadas personas que se ha manifestado en contra se han preguntado qué es lo que realmente quieren las víctimas? ¿Cómo es que a su entender deberíamos enfrentar las secuelas del terrorismo en el presente? Muy pocos lo han hecho, me atrevo a decir que el único que ha mostrado datos de opinión pública ha sido Martin Tanaka (http://martintanaka.blogspot.com/2009/03/la-memoria-y-el-museo-de-lamemoria.html) en la que muestra los resultados de la encuesta publicada en la revista "Memoria", sólo nos limitaremos a presentar un gráfico de los publicados por Tanaka:


La mayoría de las personas que viven en ciudades, las cuales se encuentras más cercanas al Estado y sufrieron en menor medida el conflicto interno, creen que es mejor recordar lo que pasó, mientras que las regiones más afectadas por el conflicto – léase las más alejadas del Estado- creen que es mejor olvidar y no remover el pasado. Creemos que esto debe ser tomado en cuenta, sobre todo por el gobierno, que debe crear una política oficial seria frente al conflicto y no seguir con el negacionismo que ha adoptado desde el gobierno de García. Ojo, eso es la postura que defendemos.

Finalmente, a esto se resume todo el este embrollo, es decir, a una política estatal con respecto a los hechos y a la comisión que investigó los acontecimientos, política que desestima el informe de la CVR dado que implica al partido de Gobierno (unos de los años más sangrientos fue 1989) y un sector importante de las FFAA. Por otro lado, a pesar de que lamentamos la actitud del gobierno, creemos que no es sólo necesario un museo para recordar y reconciliarnos, sino es primero necesario “acordarnos” de las víctimas que aún viven hasta la actualidad alejadas del Estado. Solo así la violencia no será repetida.